La audiencia judicial en la que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, buscaba que se acepte su solicitud de fianza dentro del denominado caso Grillete fue suspendida la tarde del miércoles 20 de mayo de 2026, luego de que no pudiera instalarse la diligencia por la ausencia de la secretaria del juzgado.
Con esta suspensión, se mantiene vigente la medida de privación de libertad en contra del funcionario, quien permanece detenido en el centro penitenciario de Santa Elena, conocido como la Cárcel del Encuentro.
El caso Grillete se originó en febrero de 2026, en paralelo al caso Goleada, cuando la Fiscalía abrió una investigación por presunto lavado de activos y detectó supuestas irregularidades relacionadas con el uso del dispositivo electrónico de vigilancia que debía portar el alcalde, en el marco del proceso previo del caso Triple A. Según los reportes oficiales, el dispositivo no habría estado en uso durante un operativo policial.
A partir de estos hechos, la Fiscalía inició una indagación previa y, en menos de 48 horas, formuló cargos contra el alcalde por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. En la misma audiencia de formulación de cargos se dispuso su prisión preventiva.
Actualmente, el alcalde enfrenta dos órdenes de prisión vigentes dentro de distintos procesos judiciales, mientras que una medida anterior vinculada al caso Goleada ya fue levantada a inicios de abril.
La defensa de Alvarez había solicitado la audiencia suspendida con el objetivo de que se evalúe la posibilidad de otorgar una fianza, sustentada en el artículo 543 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que permite sustituir la prisión preventiva por una caución económica que garantice la comparecencia del procesado durante el proceso judicial.
Los abogados argumentan que el alcalde cumpliría con los requisitos legales para acceder a este beneficio, ya que el delito investigado no involucra víctimas vulnerables, no registra incumplimientos previos de medidas similares y no existe historial de delitos sexuales.
El juzgado competente deberá notificar en los próximos días la nueva fecha en la que se reinstalará la audiencia, en medio de la expectativa política y judicial que rodea el caso.
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