El Gobierno de Daniel Noboa avanza en su estrategia para atraer inversión privada al campo petrolero Sacha, considerado el activo más productivo del país, mientras analiza distintos mecanismos para concretar su futura operación y desarrollo.
El ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Blum, confirmó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con importantes operadoras internacionales interesadas en participar en el proyecto. Según indicó, la meta es captar capitales frescos que permitan incrementar la producción y potenciar el rendimiento del campo ubicado en la provincia de Orellana.
“Estamos en contacto con varias operadoras muy grandes que están analizando esta posibilidad”, señaló el funcionario, quien además anticipó que en aproximadamente un mes podrían existir definiciones concretas sobre el futuro de Sacha.
Blum explicó que el Gobierno todavía no ha definido el mecanismo definitivo para incorporar inversión privada. Entre las alternativas analizadas constan contratos de prestación de servicios, asociaciones estratégicas e incluso la modalidad conocida como “desafío suizo” o “Swiss Challenge”.
Este último modelo permite que una empresa presente inicialmente una propuesta al Estado y posteriormente participe en un proceso competitivo, conservando el derecho de igualar la mejor oferta presentada por otros interesados para quedarse con el contrato.
La posible aplicación de este mecanismo ha generado debate en el pasado debido a cuestionamientos sobre su impacto en la libre competencia. Además, el reciente Acuerdo de Comercio Recíproco firmado entre Ecuador y Estados Unidos contempla la realización de licitaciones públicas abiertas para proyectos energéticos, incluida la eventual concesión de Sacha.
La iniciativa representa el segundo intento del Gobierno por transferir la operación del campo a inversionistas privados. En febrero de 2025, el Ministerio de Energía anunció la adjudicación directa del activo al consorcio extranjero Sinopetrol, integrado por compañías vinculadas a capitales chinos y canadienses.
Sin embargo, la operación no llegó a concretarse luego de que el presidente Daniel Noboa exigiera el pago anticipado de USD 1.500 millones ofrecidos por el consorcio como bono de entrada. Al no cumplirse esa condición dentro del plazo establecido por el Ejecutivo, el proceso fue cancelado.
Con este nuevo intento, el Gobierno busca estructurar un modelo que permita atraer inversión internacional, incrementar la producción petrolera y garantizar mayores beneficios económicos para el Estado ecuatoriano.
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